La Gobernación de Nariño inició un proceso de construcción participativa de su Política Pública Socioambiental Minera y su Plan Estratégico Minero, dos instrumentos de planificación que buscan orientar el desarrollo de la actividad minera en el departamento.
La primera mesa territorial se realizó en Samaniego y reunió a 90 participantes, entre mineros tradicionales, representantes de organizaciones productivas, autoridades locales y organizaciones sociales.
Durante la jornada se identificaron necesidades relacionadas con la formalización minera, la protección ambiental, la seguridad de los trabajadores y la articulación de la minería con otras actividades económicas.
La formalización como punto de partida:
Uno de los asuntos centrales fue la necesidad de facilitar el acceso de los pequeños productores a los mecanismos de formalización.
Carlos Vaca, presidente de la Cooperativa Comisan de Mineros de Santacruz, destacó que el reconocimiento jurídico de la actividad permitiría mejorar la relación con las instituciones públicas y acceder a programas de acompañamiento y desarrollo productivo.
Este planteamiento refleja una dificultad presente en numerosos procesos de pequeña minería: la formalización no comprende únicamente la obtención de derechos mineros, sino también las condiciones técnicas, ambientales y económicas necesarias para desarrollar la actividad.
Los participantes señalaron la importancia de fortalecer el trabajo organizado y facilitar el acceso a proyectos institucionales.
Minería y economía territorial:
La mesa también abordó la relación entre la minería y las demás actividades productivas.
El alcalde de La Llanada, Juan Carlos Tapia Ayala, destacó que la actividad minera mantiene vínculos económicos con la agricultura, la industria, el comercio y el empleo local.
Esta perspectiva permite comprender que las políticas mineras territoriales no se limitan a regular la extracción de minerales. También deben considerar las relaciones económicas que se desarrollan alrededor de la producción.
La planificación departamental busca incorporar estas particularidades para formular estrategias adaptadas a las condiciones de cada región.
Protección ambiental y condiciones laborales:
Las discusiones incluyeron propuestas sobre recuperación de áreas intervenidas, protección de fuentes hídricas, seguridad laboral y protección social.
Omaira Montenegro, representante de la Asociación Emprender Femenino de Samaniego, planteó la importancia de fortalecer las prácticas responsables y atender las condiciones de los trabajadores vinculados con la actividad.
Estos aportes muestran que la formulación de la política busca incorporar dimensiones sociales y ambientales, además de los procedimientos administrativos de formalización.
¿Qué instrumentos está preparando Nariño?:
La iniciativa contempla dos instrumentos complementarios.
La Política Pública Socioambiental Minera busca establecer orientaciones departamentales sobre formalización, sostenibilidad, participación y desarrollo del sector.
El Plan Estratégico Minero pretende traducir esas orientaciones en acciones relacionadas con productividad, comercialización responsable, generación de valor y articulación institucional.
Su formulación se vincula con las metas 471 y 472 del Plan Departamental de Desarrollo, dentro del programa Minería Innovadora y Sustentable.
Es importante precisar que estos instrumentos departamentales no sustituyen las competencias de la Agencia Nacional de Minería en materia de títulos y formalización, ni las funciones de las autoridades ambientales competentes.
Su alcance dependerá del contenido finalmente adoptado, los recursos disponibles y los mecanismos de coordinación entre las instituciones.
¿Qué sigue después de Samaniego?:
La Gobernación anunció que continuará las mesas territoriales en Barbacoas, Ipiales, Pasto y El Charco.
El propósito es recoger experiencias y necesidades de otras zonas mineras del departamento, incluyendo las subregiones de Telembí, Abades y la costa pacífica.
Los aportes servirán como insumo para la formulación de los instrumentos de política y planificación.
Por ahora, la jornada representa una etapa de participación y diagnóstico. No significa que se hayan aprobado nuevos procedimientos de formalización ni que existan recursos asignados a cada una de las propuestas presentadas.
De la participación a los resultados:
La construcción de políticas mineras territoriales plantea un desafío: convertir las necesidades expresadas por las comunidades en acciones institucionales concretas.
En el caso de Nariño, será importante conocer qué mecanismos se establecen para acompañar a los pequeños productores, cuáles serán las responsabilidades de las entidades participantes y cómo se medirán los resultados.
La experiencia también ofrece una oportunidad para observar cómo se relacionan las políticas nacionales de formalización con las necesidades identificadas directamente en los territorios.
La primera mesa de Samaniego abre un proceso cuya evolución podrá evaluarse cuando se conozcan los documentos definitivos, las metas, los presupuestos y los mecanismos de implementación.
Fuentes:
- Gobernación de Nariño. «Samaniego aporta a la construcción de la Política Pública Socioambiental Minera y el Plan Estratégico Minero de Nariño». 14 de octubre de 2026.
- Informativo del Guaico. «Nariño avanza en la construcción participativa de su Política Pública Socioambiental y Plan Estratégico Minero desde Samaniego». 14 de octubre de 2026.
- Gobernación de Nariño. Plan Departamental de Desarrollo, programa Minería Innovadora y Sustentable, metas 471 y 472, citadas en el comunicado institucional.
