La debida diligencia se ha convertido en uno de los principales instrumentos para gestionar riesgos en las cadenas internacionales de suministro. Su propósito es identificar a los participantes, verificar información, reconocer posibles irregularidades y establecer mecanismos para prevenir o mitigar impactos adversos.

En el mercado del oro, estas exigencias adquieren especial importancia por los riesgos asociados con la procedencia del mineral, los derechos humanos, la financiación de actividades ilícitas y la integridad de las operaciones comerciales.

Sin embargo, existe una cuestión que merece examinarse desde la economía institucional: ¿qué sucede cuando las obligaciones de verificación son más complejas que las capacidades de los participantes para generar información confiable?

Los costos de transacción y la fragmentación del mercado:

La teoría de los costos de transacción, desarrollada a partir de los trabajos de Ronald Coase y posteriormente de Oliver Williamson, permite comprender que los intercambios económicos implican costos adicionales al precio de los bienes.

Identificar contrapartes, verificar documentos, negociar condiciones, registrar operaciones y supervisar su cumplimiento requiere tiempo, información y recursos.

Estos costos adquieren una importancia particular en mercados caracterizados por numerosas operaciones pequeñas, participantes dispersos y distintos niveles de infraestructura.

En el comercio aurífero, la producción puede originarse en cantidades reducidas que posteriormente se agregan para formar lotes mayores. Cada etapa incorpora necesidades de identificación, valoración, transporte, documentación y pago.

La dificultad no consiste exclusivamente en registrar el volumen final comercializado, sino en conservar información verificable sobre las operaciones que contribuyeron a conformarlo.

Cuando los mecanismos de verificación resultan costosos o poco accesibles para las unidades de menor escala, aparecen dificultades para integrar sus transacciones a sistemas formales de comercialización.

El desacoplamiento entre las normas y las prácticas:

John Meyer y Brian Rowan introdujeron en 1977 el concepto de desacoplamiento institucional para explicar cómo las estructuras formales de las organizaciones pueden separarse de sus actividades efectivas.

Su investigación, publicada en el American Journal of Sociology, muestra que las organizaciones pueden adoptar procedimientos reconocidos socialmente como legítimos sin que estos necesariamente reflejen de manera completa su funcionamiento cotidiano.

Este marco teórico ofrece una perspectiva para examinar los sistemas de cumplimiento.

Una organización puede disponer de formularios, certificaciones, declaraciones y procedimientos de verificación. Sin embargo, la existencia de esos documentos no garantiza, por sí sola, que la información represente fielmente las operaciones realizadas.

En una cadena comercial fragmentada, el desafío consiste en establecer una correspondencia verificable entre los registros y los acontecimientos económicos que pretenden documentar.

Esto no significa que los procedimientos documentales carezcan de utilidad. Significa que su eficacia depende de la calidad de la información, los controles y las condiciones bajo las cuales se obtiene.

La debida diligencia como proceso de mejora continua:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mediante su Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales, propone un enfoque basado en riesgos.

Este modelo reconoce que las empresas ocupan posiciones diferentes dentro de la cadena y que las medidas de verificación deben considerar la naturaleza y gravedad de los riesgos identificados.

La OCDE también plantea que la debida diligencia es un proceso continuo, que requiere esfuerzos razonables, seguimiento y mejoras progresivas.

En sus orientaciones sobre minería artesanal y de pequeña escala, advierte que excluir indiscriminadamente a productores informales puede agravar las dificultades económicas y sociales de las comunidades, en lugar de contribuir a mejorar las condiciones de producción.

Por ello, recomienda promover relaciones responsables con productores legítimos, acompañadas de mecanismos de formalización, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

Este enfoque no elimina las obligaciones legales ni permite aceptar información falsa. Reconoce que la eficacia de los controles también depende de las condiciones necesarias para implementarlos.

La granularidad como desafío para la trazabilidad:

La arquitectura del mercado del oro presenta diferentes niveles de granularidad: productiva, territorial, transaccional, documental y financiera.

Las cantidades comercializadas, la ubicación de los participantes, las características de cada operación y los medios de pago pueden variar considerablemente.

Una pequeña entrega de oro puede recorrer varias etapas antes de incorporarse a un lote destinado a refinación o exportación. En ese recorrido, el metal, la información y los pagos no necesariamente siguen los mismos canales.

La consolidación física permite reunir cantidades menores para atender operaciones comerciales de mayor escala. Sin embargo, cuando los materiales se mezclan o transforman, la identificación individual de sus componentes puede depender de los registros obtenidos previamente.

La trazabilidad documental debe, por tanto, relacionar los aportes originales con las transformaciones y movimientos posteriores.

La digitalización puede facilitar esta tarea, pero no convierte automáticamente en verdadera una declaración ni acredita por sí sola la legalidad del origen. La información requiere mecanismos independientes de verificación y controles proporcionales a los riesgos.

¿Qué significa contar con capacidades reales de cumplimiento?:

Las investigaciones sobre regulación y los lineamientos internacionales de abastecimiento responsable permiten distinguir entre establecer obligaciones y desarrollar las capacidades necesarias para ejecutarlas.

Estas capacidades pueden incluir sistemas accesibles de identificación, infraestructura de comunicaciones, servicios financieros, asistencia técnica, procedimientos administrativos adecuados y mecanismos de registro de pequeñas transacciones.

También requieren que las responsabilidades de verificación estén claramente distribuidas entre los participantes de la cadena.

Cuando la información se obtiene únicamente en las etapas finales de comercialización, puede resultar más difícil reconstruir las operaciones anteriores.

Por el contrario, registrar los hechos económicos desde el momento en que ocurren puede contribuir a mejorar la calidad de la información disponible para las verificaciones posteriores.

No obstante, ningún sistema tecnológico sustituye la necesidad de comprobar la identidad de los participantes, la legitimidad de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Una pregunta sobre la eficacia de la regulación:

La debida diligencia cumple una función esencial en la prevención de riesgos. Su propósito no debería reducirse a producir expedientes completos, sino a permitir que las decisiones comerciales se fundamenten en información confiable.

La economía institucional ayuda a comprender los costos de generar esa información. La sociología organizacional permite examinar la distancia entre los procedimientos y las prácticas. Los estándares de la OCDE, por su parte, proponen mecanismos de gestión de riesgos y fortalecimiento progresivo de capacidades.

Estas perspectivas permiten formular una pregunta que trasciende el mercado aurífero:

¿Puede una regulación alcanzar plenamente sus objetivos cuando exige información verificable, pero los participantes de la cadena no cuentan con herramientas suficientes para producirla?

La respuesta no parece encontrarse únicamente en aumentar las exigencias documentales ni en reducir los controles.

La cuestión consiste en comprender cómo pueden desarrollarse sistemas de cumplimiento que relacionen las obligaciones jurídicas con las condiciones económicas, tecnológicas e institucionales de los mercados donde deben aplicarse.

Referencias:

- Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica.

- Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Free Press.

- Meyer, J. W. y Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology.

- Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford University Press.

- OCDE (2016). Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales Procedentes de Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, tercera edición.

- OCDE (2023). Handbook on Environmental Due Diligence in Mineral Supply Chains.