Perú vuelve a poner la formalización de la pequeña minería en el centro del debate.

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue concebido como una ruta transitoria para identificar a pequeños mineros y mineros artesanales que ya desarrollaban actividades de explotación o beneficio y permitirles avanzar progresivamente hacia la formalidad.

El mecanismo resolvía un problema importante: reconocer una actividad económica que ya existía en el territorio sin exigir que todos los requisitos de la formalización estuvieran resueltos desde el primer día.

Sin embargo, las sucesivas extensiones del proceso han mostrado una dificultad adicional. Identificar al productor no necesariamente demuestra que todo el mineral comercializado bajo su registro provenga de la operación declarada.

Un reciente reportaje de The Guardian volvió a poner el tema sobre la mesa al documentar minería ilegal en zonas de la Amazonía peruana y señalar denuncias sobre mineral que logra incorporarse posteriormente a circuitos legales de comercialización.

El problema no está en que un minero en proceso de formalización pueda vender su producción. Esa posibilidad forma parte de la lógica misma de una transición. La discusión está en cómo comprobar que el mineral comercializado corresponde efectivamente al productor, al lugar y a la operación registrados.

Perú está comenzando a reforzar precisamente esa conexión.

La legislación vigente exige a los inscritos en REINFO sincerar la ubicación real de sus operaciones mediante información georreferenciada y documental que permita verificar el yacimiento, el área de operación y las actividades desarrolladas. También fortalece la responsabilidad de los compradores en la verificación del origen del mineral.

En paralelo, el país ha desarrollado mecanismos piloto de trazabilidad como QORI, que incorporan información sobre la unidad minera, ubicación, evidencia del lugar de extracción, transporte, compraventa, medios de pago y destino del mineral.

El proceso de formalización continuará hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

La experiencia peruana muestra así una nueva etapa del debate sobre formalización minera: ya no basta con identificar quién produce. El desafío también es construir una relación verificable entre productor, territorio, producción y comercialización.

Fuentes:

The Guardian — “How gold surpassed cocaine as Peru’s most profitable criminal industry”, 29 de septiembre de 2026.

Diario Oficial El Peruano — Ley N.º 32537, ampliación y nuevas disposiciones del proceso de formalización minera integral.

Presidencia de la República del Perú — Decreto de Urgencia N.º 006-2025, sistema piloto de trazabilidad y aplicativo QORI.