La formalización de la pequeña minería vuelve a ocupar un espacio importante en la agenda legislativa colombiana.

El Proyecto de Ley 117 de 2026 Cámara propone establecer un procedimiento especial para que la minería de subsistencia y de pequeña escala avance gradualmente en el cumplimiento de sus obligaciones legales, técnicas, ambientales y sociales. La propuesta comprende no solamente la explotación, sino también el beneficio y la comercialización de los minerales.

Uno de los elementos centrales del proyecto es una “Ruta de Tres Fases”.

La primera fase contempla un Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE), con una duración de hasta un año. Durante este período, el beneficiario tendría que implementar un Plan Minero y de Cuidado Ambiental Básico, eliminar el uso de mercurio, adoptar medidas mínimas de manejo ambiental y elaborar y radicar un Programa de Trabajos y Obras Diferencial.

La segunda fase establece un Permiso de Explotación de Transición (PPT), inicialmente de hasta seis meses y prorrogable una sola vez por otros seis. En esta etapa se profundizaría el cumplimiento técnico y ambiental y se avanzaría hacia la licencia correspondiente.

La tercera fase culminaría con una Licencia Ambiental para la Formalización, una vez verificadas las obligaciones previstas dentro del proceso.

La iniciativa también propone crear una Ventanilla Única para la Formalización Minera, soportada en una plataforma tecnológica interoperable que articule los trámites y actuaciones de las distintas entidades que participan en estos procesos.

Otro componente son las denominadas Zonas Homogéneas. La propuesta permitiría desarrollar estudios técnicos y ambientales que puedan servir como línea base para varias unidades mineras con condiciones similares, de manera que cada productor complemente únicamente la información particular de su proyecto cuando resulte procedente.

El proyecto también aborda el uso de maquinaria. Para la pequeña minería que cuente con un PITE aprobado se permitiría utilizar equipos mecanizados dentro de los límites de producción establecidos.

En materia de beneficio y comercialización, la propuesta establece que los minerales provenientes de estos procesos deberán ser tratados en plantas de beneficio o infraestructuras de procesamiento legalmente autorizadas. Estas plantas expedirían por cada lote procesado un Certificado de Origen de Beneficio (COB), que el proyecto plantea como documento válido para acreditar la procedencia lícita, el transporte y la comercialización del mineral dentro de esta ruta.

La iniciativa conecta además la formalización minera con el acceso financiero. Propone que el Ministerio de Minas y Energía diseñe estrategias para incentivar la compra de oro y otros minerales provenientes de estos procesos y contempla coordinación con el Banco de la República, respetando su autonomía constitucional. También establece que el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera reglamenten criterios para la incorporación progresiva de estos mineros al sistema financiero.

Finalmente, se propone crear un Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social para la Formalización Minera, con componentes de asistencia técnica y ambiental, fortalecimiento organizacional, desarrollo empresarial e inclusión financiera.

El Proyecto de Ley 117 de 2026 Cámara se encuentra en trámite legislativo. Por tanto, las figuras y procedimientos descritos corresponden a una propuesta y no deben entenderse todavía como obligaciones vigentes.

La iniciativa pone nuevamente sobre la mesa una discusión central para la pequeña minería colombiana: cómo construir una ruta de formalización que pueda recorrerse progresivamente desde la actividad productiva hasta la comercialización y el acceso al sistema financiero.

Fuente:

Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 1072 del 20 de agosto de 2026. Proyecto de Ley 117 de 2026 Cámara, “por la cual se establece un procedimiento para la formalización gradual de la minería de subsistencia y de pequeña escala, se crea el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social para apoyar dichos procesos y se dictan otras disposiciones”.