¿Tiene clase social el daño ambiental? Aporofobia y estigmatización del minero artesanal:
Hay una imagen que se repite con frecuencia cuando se habla de minería artesanal en Colombia: un hombre cubierto de barro, trabajando bajo el sol, junto a una motobomba, una excavación o un río de aguas turbias. En muchas ocasiones, esa imagen aparece acompañada de palabras como ilegalidad, destrucción, contaminación o criminalidad.
En contraste, cuando observamos una explotación minera industrial, encontramos con frecuencia trabajadores uniformados, maquinaria moderna, instalaciones organizadas y discursos relacionados con inversión, tecnología, productividad y desarrollo.
Las dos actividades extraen recursos de la naturaleza. Ambas pueden generar impactos ambientales y ambas están sujetas a obligaciones legales. Sin embargo, su representación social puede ser profundamente diferente.
Esta observación plantea una pregunta que trasciende la minería:
¿Juzgamos el impacto ambiental de una actividad por sus consecuencias comprobadas o también por la apariencia y la condición económica de quien la realiza?
La respuesta exige explorar una dimensión poco discutida del debate minero: los prejuicios que pueden intervenir en la construcción social de la legitimidad.
La aporofobia: cuando la pobreza se convierte en motivo de rechazo.
En 2017, la filósofa española Adela Cortina publicó Aporofobia, el rechazo al pobre, una obra que examina cómo las sociedades pueden desarrollar actitudes de desprecio, exclusión o rechazo hacia quienes carecen de recursos económicos.
El concepto de aporofobia permite comprender una contradicción: una persona puede ser socialmente valorada cuando representa riqueza, prestigio o capacidad económica y recibir un trato completamente diferente cuando representa pobreza o precariedad.
Trasladada al sector minero, esta reflexión abre una hipótesis inquietante.
¿Es posible que parte del rechazo hacia el minero artesanal no provenga exclusivamente de los daños que pueda ocasionar su actividad, sino también de su condición social, su vestimenta, su nivel educativo o el territorio del que procede?
Un trabajador cubierto de barro puede ser interpretado como símbolo de atraso. Una instalación industrial moderna puede transmitir una sensación inmediata de legitimidad.
Sin embargo, ninguna de esas impresiones constituye evidencia suficiente sobre el cumplimiento de la ley o el desempeño ambiental de una operación.
La pobreza no demuestra irresponsabilidad, del mismo modo que la riqueza no garantiza responsabilidad.
La paradoja de admirar la riqueza y despreciar al trabajador pobre:
Existe una contradicción que merece especial atención.
El oro es universalmente reconocido como símbolo de riqueza, estabilidad y prestigio. Lo encontramos en joyerías, reservas de bancos centrales, inversiones y mercados financieros internacionales.
Pero la persona que lo extrae en condiciones precarias puede recibir una valoración social muy distinta.
¿Cómo puede una sociedad admirar el producto y, al mismo tiempo, menospreciar a quienes participan en su obtención?
La sociología ofrece herramientas para examinar este fenómeno.
Pierre Bourdieu estudió cómo las diferencias de capital económico, cultural y simbólico contribuyen a construir jerarquías sociales. Su concepto de violencia simbólica ayuda a comprender cómo ciertas relaciones de desigualdad pueden ser aceptadas y reproducidas como si fueran naturales.
Desde esta perspectiva, es posible plantear que los símbolos asociados con la riqueza, la educación formal y la organización empresarial influyen en la percepción de legitimidad.
Incluso personas que pertenecen a sectores económicamente vulnerables pueden reproducir prejuicios contra quienes ocupan posiciones sociales semejantes o más precarias.
Esto no significa que todas las personas pobres admiren a los ricos o desprecien a su propia clase. Significa que las jerarquías de prestigio pueden atravesar diferentes grupos sociales y condicionar sus percepciones.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo se juzga al minero, sino qué valores sociales intervienen en ese juicio.
La pobreza, el territorio y las oportunidades que no vemos:
Detrás de una persona que pasa jornadas enteras bajo el sol, dentro del agua o removiendo sedimentos para obtener pequeñas cantidades de oro, existe una realidad que difícilmente puede resumirse en una fotografía.
¿Por qué alguien desarrolla su actividad económica en esas condiciones?.
Las respuestas pueden incluir la tradición familiar, los conocimientos transmitidos entre generaciones, la identidad cultural y la búsqueda de autonomía económica.
Pero también pueden estar relacionadas con la falta de oportunidades laborales, las desigualdades territoriales, las dificultades de acceso a financiación, la limitada asistencia técnica y los obstáculos para incorporarse a determinados canales comerciales.
El economista Amartya Sen, en Development as Freedom, propuso comprender el desarrollo a partir de las capacidades y libertades reales de las personas, no exclusivamente mediante sus ingresos.
Este enfoque invita a distinguir entre tener formalmente la posibilidad de elegir y disponer efectivamente de los medios necesarios para hacerlo.
Un productor con acceso a capital, maquinaria, asistencia jurídica y servicios especializados enfrenta condiciones diferentes a las de quien trabaja con recursos limitados y escasas alternativas económicas.
Comprender esas diferencias no significa justificar incumplimientos ambientales ni desconocer responsabilidades individuales.
Significa reconocer que las decisiones económicas se toman dentro de contextos sociales e institucionales concretos.
La minería artesanal tampoco debe interpretarse únicamente como una actividad de supervivencia. Para numerosas comunidades constituye un oficio, una tradición y una fuente de conocimiento territorial.
Reducir al minero a la condición de víctima sería tan limitado como reducirlo a la de infractor.
Cuando la pobreza, el origen étnico y el territorio se cruzan:
En Colombia, la minería tradicional forma parte de la historia económica y cultural de numerosas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Por eso, la representación del minero artesanal puede involucrar prejuicios que van más allá de su nivel de ingresos.
La investigadora Kimberlé Crenshaw desarrolló el enfoque de la interseccionalidad para estudiar cómo diferentes estructuras de desigualdad pueden actuar simultáneamente.
Aplicado como herramienta de análisis, este enfoque permite preguntar si la condición económica, el origen étnico-racial, la procedencia rural y la ocupación influyen conjuntamente en la percepción pública de determinados trabajadores mineros.
No es lo mismo cuestionar una práctica extractiva por sus impactos demostrados que atribuir inferioridad moral o cultural a una población por su apariencia, origen o condición social.
La protección ambiental y el respeto por la dignidad humana no son principios incompatibles.
La criminalización de la minería artesanal: una investigación en Colombia y Perú:
Esta reflexión encuentra un antecedente académico particularmente relevante.
En 2023, la investigadora Gisselle Vila Benites publicó en la revista The Extractive Industries and Society el artículo Natures of concern: The criminalization of artisanal and small-scale mining in Colombia and Peru.
El estudio, basado en trabajo de campo, 72 entrevistas y análisis documental, examina cómo se han construido determinadas jerarquías de daño ambiental y legitimidad entre la minería artesanal y la minería de gran escala.
La autora argumenta que, en los casos estudiados, ciertos discursos ambientales y decisiones institucionales han contribuido a presentar la minería industrial como una forma de extracción preferible, mientras determinadas actividades artesanales son objeto de procesos de criminalización.
Esta es una interpretación académica sustentada en los casos examinados, no una demostración de que toda regulación ambiental favorezca a la gran minería ni de que toda intervención contra actividades ilícitas constituya discriminación.
Su importancia reside en plantear que las categorías de legitimidad minera también pueden construirse mediante relaciones de poder, discursos públicos y decisiones institucionales.
El estudio permite formular una pregunta relevante para Colombia:
¿Con qué criterios se determina qué formas de extracción son socialmente aceptables y cuáles son representadas como una amenaza?
Los medios de comunicación y la construcción del imaginario minero:
Los medios de comunicación y las redes sociales desempeñan un papel importante en la manera en que las sociedades comprenden los problemas ambientales.
Robert Entman, en su investigación sobre el encuadre mediático publicada en 1993, explicó cómo la selección y el énfasis de determinados aspectos de una realidad pueden influir en la definición pública de un problema, la interpretación de sus causas y las respuestas consideradas apropiadas.
En el caso de la minería, una fotografía de maquinaria en un río puede ser una evidencia periodística relevante. Un reportaje sobre contaminación o explotación no autorizada puede responder a hechos graves y verificables.
El problema aparece cuando la representación de una operación particular se extiende indiscriminadamente a una población o actividad económica completa.
Existe una diferencia entre informar que una explotación específica causó daños ambientales y sugerir que los mineros artesanales son, por definición, destructores de la naturaleza.
También es necesario distinguir entre minería artesanal, minería informal, minería no autorizada y actividades vinculadas con organizaciones criminales. Estas categorías pueden relacionarse en situaciones concretas, pero no son equivalentes.
Confundirlas puede dificultar la comprensión pública de las condiciones jurídicas, económicas y sociales del sector.
Por ahora, no contamos con un análisis sistemático de titulares, fotografías y publicaciones colombianas que permita medir la frecuencia de esos encuadres o demostrar un sesgo generalizado.
Esa investigación sigue siendo necesaria.
La evidencia ambiental no debe negarse ni convertirse en estigma:
Los impactos ambientales asociados con determinadas formas de extracción aurífera están ampliamente documentados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) identifica la minería aurífera artesanal y de pequeña escala como una fuente importante de emisiones y liberaciones de mercurio.
Según las estimaciones internacionales recogidas por el organismo, esta actividad representa una proporción considerable de la contaminación antropogénica por ese metal.
También existen evidencias de degradación de suelos, deforestación y afectaciones a sistemas hídricos vinculadas con operaciones extractivas desarrolladas bajo distintas condiciones.
En Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en coordinación con instituciones nacionales, ha desarrollado estudios sobre evidencias de explotación de oro de aluvión mediante percepción remota, sistemas de información geográfica y verificaciones territoriales.
Estos estudios son fundamentales para identificar intervenciones sobre el territorio, caracterizar su distribución y apoyar las decisiones institucionales.
Sin embargo, es importante distinguir entre detectar una intervención mediante imágenes satelitales, establecer su situación administrativa y determinar responsabilidades individuales.
La identificación de una afectación territorial no permite atribuir automáticamente culpabilidad penal a todas las personas que habitan o trabajan en una región.
Tampoco sería correcto minimizar los impactos documentados argumentando que los productores enfrentan dificultades económicas. Las comunidades afectadas por contaminación, pérdida de bosques o deterioro de fuentes hídricas también pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
La discusión debe reconocer simultáneamente la protección de los ecosistemas y los derechos de las personas.
¿Cómo deberíamos comparar los impactos ambientales?:
La apariencia de una explotación no es una medida científica de su impacto.
Una operación industrial puede intervenir grandes extensiones de terreno y contar con sistemas sofisticados de gestión ambiental. Una operación artesanal puede ocupar una superficie menor, pero utilizar procedimientos con riesgos importantes para el agua, los suelos o la salud.
Para establecer comparaciones rigurosas es necesario examinar variables como el área intervenida, los volúmenes removidos, las sustancias utilizadas, las emisiones, el consumo de recursos, las condiciones del ecosistema y las medidas de prevención y restauración.
También importa definir la escala de comparación: impacto total, impacto por unidad de producción o afectación sobre un territorio determinado.
Ninguna actividad debería considerarse ambientalmente responsable únicamente por su tamaño, apariencia, capacidad económica o reconocimiento institucional.
El cumplimiento debe evaluarse mediante hechos verificables.
La formalización también es una cuestión de oportunidades:
La discusión sobre minería artesanal suele concentrarse en las obligaciones que deben cumplir los productores.
Sin embargo, resulta igualmente importante examinar las condiciones que hacen posible ese cumplimiento.
El acceso a financiación, tecnologías de procesamiento, asistencia técnica, servicios ambientales, mecanismos de trazabilidad y compradores autorizados puede influir en la capacidad de una unidad productiva para mejorar sus prácticas.
El PNUMA reconoce que la reducción del uso de mercurio requiere alternativas tecnológicas accesibles, acompañadas de procesos de educación, organización y formalización.
Esto permite comprender la formalización como un proceso que no termina necesariamente con la expedición de un registro o una autorización.
También involucra capacidades productivas, condiciones económicas y acceso efectivo a mercados.
Un marco regulatorio puede establecer obligaciones legítimas, pero su implementación requiere considerar las diferencias de recursos y capacidades entre los participantes.
La sostenibilidad necesita controles efectivos y, al mismo tiempo, condiciones que permitan adoptar mejores prácticas.
Una sociedad que admira el oro también debería comprender a quienes lo producen:
El oro atraviesa una cadena económica compleja.
Puede comenzar en una pequeña explotación rural, pasar por compradores y procesadores, llegar a una refinería internacional y terminar en una joya, una inversión o las reservas de un banco central.
Durante ese recorrido, su significado social cambia.
Lo que en el territorio puede asociarse con barro, esfuerzo físico y precariedad, en los mercados internacionales puede convertirse en símbolo de prestigio, seguridad y riqueza.
Esta transformación invita a preguntarnos si reconocemos con la misma facilidad el valor del metal y la dignidad del trabajo humano que participa en su producción.
La respuesta no exige idealizar al minero artesanal, negar los daños ambientales ni desconocer la existencia de actividades criminales.
Exige algo más elemental: evitar que la condición económica de una persona sustituya la evaluación objetiva de sus actos.
Una sociedad comprometida con la sostenibilidad debería ser capaz de exigir responsabilidades sin deshumanizar, proteger los ecosistemas sin generalizar culpabilidades y reconocer las desigualdades sin convertirlas en excusas para incumplir la ley.
La pregunta que queda abierta:
Quizás el desafío más profundo no sea determinar si la minería artesanal es buena o mala, sino comprender por qué ciertas imágenes de la actividad producen juicios tan inmediatos.
¿Qué vemos cuando observamos a un minero cubierto de barro?
¿Una persona que trabaja? ¿Una actividad económica? ¿Un posible impacto ambiental? ¿O una condición social que hemos aprendido a asociar con inferioridad?
Y cuando observamos una explotación moderna, ¿estamos evaluando su desempeño comprobado o atribuyéndole legitimidad por su apariencia?
La aporofobia, la sociología de las desigualdades y los estudios sobre comunicación no ofrecen respuestas automáticas, pero sí herramientas para formular estas preguntas con mayor profundidad.
La pobreza no convierte una actividad en ambientalmente responsable. Pero tampoco convierte a quien la ejerce en delincuente.
El daño ambiental debe demostrarse. La responsabilidad debe establecerse. Y la dignidad humana no debería depender de la riqueza, la apariencia ni la posición social.
Tal vez una sociedad más justa y ambientalmente responsable comience por aprender a distinguir esas tres cosas.
Fuentes y referencias:
1. Cortina, Adela. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. Paidós. https://fce.com.co/producto/aporofobia-el-rechazo-al-pobre/
2. Vila Benites, Gisselle. (2023). Natures of concern: The criminalization of artisanal and small-scale mining in Colombia and Peru. The Extractive Industries and Society, volumen 13, artículo 101105. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101105
3. Bourdieu, Pierre. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Press. Referencia teórica sobre poder simbólico y reproducción de jerarquías sociales.
4. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. https://india.oup.com/product/development-as-freedom-9780195655261
5. Crenshaw, Kimberlé. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
6. Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
7. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Artisanal and Small-Scale Gold Mining. Global Mercury Partnership. https://www.unep.org/globalmercurypartnership/what-we-do/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm
8. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2023). Colombia: Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota. Hallazgos 2022. https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/noviembre-11/Resumen_Ejecutivo_EVOA_2022.pdf
