La minería tradicional colombiana no permaneció detenida en el tiempo.

El conocimiento de los ríos, las terrazas y las vetas puede haber pasado de una generación a otra, pero las herramientas utilizadas para aprovechar ese conocimiento cambiaron.

Un productor puede comenzar con una operación sencilla, encontrar mineral y reinvertir. Compra motores. Después maquinaria. Contrata trabajadores. Abre otro frente. Si vuelve a encontrar oro, vuelve a invertir.

La secuencia puede repetirse durante años:

oro → venta → reinversión → maquinaria → mayor producción → nuevo oro.

Así, una actividad que conserva raíces tradicionales puede alcanzar una dimensión económica considerable.

Tradicional no significa necesariamente pequeño

La imagen del minero tradicional suele asociarse con la batea y el trabajo manual. Esa realidad existe, pero no es la única.

En los territorios también pueden encontrarse productores con excavadoras, dragas, motores, trabajadores y diferentes frentes de explotación. Alrededor de operaciones mecanizadas pueden convivir otros actores de menor escala, desde barequeros hasta pequeños dragueros.

En la minería de veta las tecnologías y formas de organización son diferentes, pero también pueden producirse procesos de crecimiento y reinversión.

Por eso conviene separar tres conceptos que frecuentemente se confunden:

tradición, escala económica y situación jurídica.

Una actividad puede tener raíces tradicionales sin ser necesariamente pequeña.

Crecer no concede un derecho sobre el subsuelo

Tener conocimiento, maquinaria, trabajadores y capacidad financiera para extraer oro no significa tener el derecho para hacerlo en determinado lugar.

Una operación puede crecer mientras trabaja en un área sobre la cual el productor no posee título minero ni otra habilitación que le permita desarrollar legalmente la explotación. Incluso puede encontrarse dentro de un área cuyos derechos corresponden a un tercero.

Colombia ha intentado responder a estas realidades mediante diferentes mecanismos de legalización y formalización.

El propio Código de Minas de 2001 reconoció la existencia de explotaciones tradicionales y explotadores sin título y contempló mecanismos para su incorporación al ordenamiento. Posteriormente se desarrollaron figuras como las Áreas de Reserva Especial y los subcontratos de formalización. La Ley 2250 de 2022 estableció nuevamente instrumentos y rutas diferenciadas de legalización y formalización.

La existencia de esos mecanismos demuestra que la distancia entre actividad minera existente y actividad minera formalizada ha sido un desafío persistente.

Pero la producción continúa

Aquí aparece una realidad económica difícil de ignorar.

Una explotación desarrollada sin las autorizaciones requeridas puede infringir el ordenamiento minero. Pero una vez extraído el mineral ocurre algo elemental:

el oro existe.

Tiene peso.

Tiene pureza.

Tiene valor.

Y existe demanda por él.

Para ingresar correctamente al mercado formal, sin embargo, no basta con que el oro exista. Su origen debe poder acreditarse.

Cuando una parte de la producción material no puede hacerlo, aparece una brecha entre el oro físicamente producido y el oro que puede ingresar formalmente al mercado.

El metal conserva su valor económico, pero encuentra dificultades para circular dentro del sistema.

Y esa diferencia genera presión sobre la cadena de comercialización.

Puede incentivar que una parte de la producción termine en circuitos informales o ilegales.

También aparece otro riesgo importante para la trazabilidad: que el origen documental del oro termine siendo diferente de su origen material.

Del oro al patrimonio

La historia tampoco termina cuando el productor vende.

Los recursos regresan a la economía del territorio.

Se compra combustible. Se pagan trabajadores. Se adquieren motores. Se compra una excavadora. Después otra. Puede aparecer una planta, un vehículo o un nuevo frente de explotación.

El oro comienza a transformarse en patrimonio.

Para quien ha construido su actividad de esta manera, la procedencia económica de esos bienes puede parecer evidente:

salieron del oro.

Pero demostrarlo dentro del sistema formal puede ser mucho más difícil.

Si durante años la producción no podía acreditar adecuadamente su origen, las operaciones se realizaban principalmente en efectivo y no existía una historia bancaria, contable y tributaria proporcional a la actividad, comienza a aparecer una distancia entre dos realidades.

Por un lado está el patrimonio que físicamente existe.

Por otro, la documentación necesaria para explicar cómo se construyó.

Una riqueza difícil de representar

Aquí resulta útil una reflexión de Hernando de Soto.

En El misterio del capital, De Soto utiliza el concepto de extralegalidad para analizar economías en las que personas poseen activos, producen y construyen riqueza, pero lo hacen por fuera de los sistemas formales que permiten representar plenamente esos activos y convertirlos en capital integrado al sistema económico.

La comparación con la minería colombiana no pretende crear una nueva categoría jurídica.

Una explotación sin las autorizaciones exigidas continúa sometida a las normas colombianas correspondientes.

Pero el concepto permite observar algo que la clasificación exclusivamente jurídica no alcanza a explicar por sí sola:

una economía puede estar por fuera del sistema formal y, aun así, producir, crecer, emplear personas, reinvertir y acumular patrimonio.

Ese parece ser uno de los grandes desafíos de una parte de la minería tradicional contemporánea.

Cuando estar afuera hace más difícil entrar

Con el tiempo aparece una contradicción.

El productor necesita bancarizarse para integrarse plenamente a la economía formal.

Pero el sistema financiero necesita conocer sus ingresos, su patrimonio y el origen de sus recursos.

Y allí pueden encontrarse dos historias que no coinciden completamente.

La historia económica puede mostrar años de producción, ventas y reinversión.

La historia documental puede ser mucho más corta.

Esto no significa que la ausencia de documentación permita concluir automáticamente que un patrimonio tiene origen criminal.

Pero sí significa que resulta mucho más difícil demostrar su procedencia.

Y cuanto más tiempo continúa funcionando la actividad de esa manera, mayor puede hacerse esa distancia.

El problema está ocurriendo ahora

Esta no es solamente una discusión sobre el patrimonio que algunos productores acumularon durante las últimas décadas.

El ciclo continúa ocurriendo.

Mientras exista producción que permanezca por fuera de los mecanismos formales, puede continuar generándose ingreso, reinversión y patrimonio cuya trazabilidad será posteriormente difícil de reconstruir.

Por eso el desafío no consiste únicamente en resolver el pasado.

Consiste también en evitar que la distancia entre la economía real y la economía formal continúe aumentando.

¿Dónde está el puente?

Colombia necesita proteger el medio ambiente, los derechos mineros existentes y la integridad de su sistema financiero. También necesita exigir que las actividades económicas cumplan las responsabilidades correspondientes a su escala.

Pero al mismo tiempo existe una pregunta práctica:

¿cómo entra al sistema quien hoy está afuera?

No parece suficiente permitir indefinidamente una explotación sin autorización.

Pero tampoco basta con señalar la puerta de la formalidad si las condiciones económicas, técnicas, jurídicas y financieras hacen extremadamente difícil atravesarla.

Precisamente allí adquieren sentido los mecanismos transitorios y diferenciales de formalización: como instrumentos capaces de acercar progresivamente una realidad productiva existente al ordenamiento que debe regularla.

El reto está en construir esa transición sin debilitar los controles que permiten proteger el territorio y diferenciar la actividad económica minera de los recursos provenientes de actividades criminales.

Perspectiva Batea:

Quizás una parte del problema pueda resumirse de una manera sencilla:

la economía minera puede crecer más rápido que su formalización.

Cuando eso ocurre, la distancia se reproduce.

El oro encuentra dificultades para acreditar su origen. Los ingresos construyen poca historia financiera. La reinversión genera patrimonio difícil de documentar. Y esa misma dificultad puede convertirse después en una barrera adicional para ingresar al sistema financiero y económico formal.

Hernando de Soto llamó extralegalidad al espacio económico que se desarrolla por fuera de los sistemas formales.

No necesitamos convertir esa expresión en una nueva categoría para la minería colombiana.

Pero sí podemos quedarnos con la pregunta que plantea.

Formalizar no debería significar ignorar las responsabilidades de quien ha trabajado por fuera de las reglas. Tampoco debería significar asumir que toda riqueza construida fuera del sistema formal tiene necesariamente un origen criminal.

Entre esos dos extremos existe un problema real de transición.

Porque mientras discutimos cómo incorporar esa economía, el oro continúa produciéndose, la maquinaria continúa trabajando y el capital continúa acumulándose.

La pregunta, entonces, quizá no sea solamente quién está dentro y quién está fuera.

Sino:

¿cómo construimos un puente suficientemente seguro para que una economía que ya existe pueda comenzar a crecer dentro de la legalidad?